MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, considera que, a la hora de resolver conflictos y controversias, debe pasarse “de la cultura del conflicto a la cultura del acuerdo”.
Según informó Justicia, Llop se refirió a esta cuestión al participar este viernes en Valladolid en la I Cumbre Mundial de Mediación Empresarial, que se ha celebrado este 25 y 26 de mayo bajo el lema La cultura de la confianza y el esfuerzo. El objetivo de este foro era reflexionar, debatir y conocer la visión de empresas y expertos de diversos sectores y países sobre la mediación aplicada a la empresa.
En su intervención, Llop indicó que “una comunidad se define por la forma en que gestiona sus conflictos y las soluciones que ofrezcamos deben ser igualmente dinámicas y ágiles”. Añadió que “la elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia”.
Sostuvo que, tanto desde las administraciones públicas como de las privadas, “es necesario pasar de la cultura del conflicto a la cultura del acuerdo, ya que nos atañe a todos porque todos somos piezas del engranaje que construye una sociedad sana, democrática y avanzada”.
“MAYOR GRADO DE SATISFACCIÓN”
Según Llop, el ámbito empresarial, donde el dinamismo y la celeridad marcan las relaciones comerciales, exige soluciones rápidas y eficaces a los conflictos que pueden surgir entre empresas con presencia e intereses cada vez más globalizados geográficamente.
En este sentido, la ministra señaló que “enfocar el progreso de la litigiosidad empresarial desde una perspectiva abierta y participativa permitirá entender que, en muchas ocasiones, el diálogo y el consenso posibilitan obtener un mayor grado de satisfacción que la respuesta judicial”.
Como instrumento que también favorece la mediación, Llop se ha referido a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Según la titular de Justicia, esta norma refuerza la confianza en la decisión mayoritaria de los sujetos afectados por una empresa con problemas de solvencia, reduciendo la intervención judicial conforme a los criterios de necesidad y proporcionalidad, de manera que se deja que sean las partes afectadas las que, privadamente, negocien y alcancen un acuerdo sobre el plan de reestructuración.
Además, esta ley, impulsada desde Justicia, se limita a fijar un marco normativo con el fin de facilitar esa negociación colectiva, garantizar unas salvaguardas mínimas del proceso y del resultado de la negociación, y asegurar un equilibrio entre la protección del interés de la mayoría y una tutela adecuada de las partes afectadas disidentes.